Sánchez de rodillas ante la Generalitat: pacta no recurrir sus decisiones al Tribunal Constitucional

Impunidad total. La nueva etapa de relaciones entre el Gobierno y la Generalitat se basa en permitir al Govern de Pere Aragonès saltarse todas las leyes que quiera sin que el Estado defienda sus intereses en el Tribunal Constitucional. Es lo que les ha trasladado este lunes la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez, a los representantes del gobierno catalán, en la reunión de la bilateral que se ha celebrado en Madrid.

«Hemos acordado poner mucho el acento en los trabajos previos e intentar llegar acuerdos antes de interponer recursos al Tribunal Constitucional», ha destacado la portavoz. Rodríguez lo ha bautizado como «rebajar la conflictividad institucional» que, según fuentes presentes en el encuentro, se traduce en dar garantías a la Generalitat de que el Gobierno no va a recurrir el incumplimiento o invasión de competencias por parte del Govern.

En esta nueva etapa de relaciones el Gobierno celebra que «sobresale el acuerdo al conflicto». La portavoz del Ejecutivo ha llamado a «evitar una sensación de confrontación del Estado con las comunidades autónomas».

Para Rodríguez, que presidía por primera vez la comisión bilateral tras su reciente nombramiento como ministra, la jornada de trabajo de este lunes, de poco más de dos horas, «ha sido muy fructífera». La también ministra de Política Territorial aprecia en la nueva Generalitat separatista un cambio de actitud respecto a sus antecesores y espera que eso sirva para encarar una nueva etapa de relaciones. Es una de las principales apuestas de Sánchez.

La portavoz ha asegurado que «la esperanza vuelve a abrirse camino en Cataluña y en España» tras este nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Generalitat, pese a que los separatistas no cesan en su voluntad de celebrar otro referéndum de independencia. Rodríguez ha reclamado «dar oportunidad al diálogo y a la reactivación económica». Ese diálogo se concretará en reuniones mensuales entre las dos administraciones hasta el próximo mes de enero.

Lluvia de millones para comprar votos

Pese a que las finanzas públicas no están en su mejor momento, Sánchez se lanza al gasto en su negociación con el separatismo.

Rodríguez ha anunciado una lluvia de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat, «el acuerdo más importante» al que se ha llegado, dice la portavoz. De esta forma se da luz verde a la ampliación, cuyo proyecto lleva años sobre la mesa de los sucesivos ministros de Fomento y la Generalitat. La voluntad es convertir el aeródromo barcelonés en «un auténtico hub internacional».

El pacto alcanzado este lunes entre las dos administraciones incluye una consulta ambiental previa a la Comisión Europea, ya que el aeropuerto de Barcelona se encuentra en un espacio protegido en el Delta del Llobregat. La ampliación, que incluirá dos estaciones del AVE en los aeropuertos de Gerona y Reus, tendrá afectación directa a los vuelos de largo radio en Madrid – Barajas. Según el Gobierno, no obstante, eso «convertirá España en una referencia en la conexión aérea». Con este desembolso millonario el Estado contribuirá a crear 83.000 empleos directos y 365.000 totales en el área metropolitana, donde concentra el PSC su mayor número de votantes y de donde es la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

La decisión de ampliar las instalaciones aeroportuarias de Barcelona, que cuenta con la oposición de la alcaldesa Ada Colau y los colectivos ecologistas, se ha madurado horas antes de la reunión de la comisión bilateral. También la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, rechaza el proyecto que ahora respalda su Ejecutivo. El vicepresidente Jordi Puigneró y la ministra de Transportes se han visto de forma discreta para acercar posiciones y llegar a la cita con el proyecto prácticamente acordado. Este martes, tras el Consejo de Ministros, la responsable de obras públicas dará todos los detalles de esta obra faraónica que tendrá un fuerte impacto en la zona protegida de la Ricarda.

Se da la circunstancia que la gestión del aeropuerto es una de las 56 transferencias que la Generalitat exige al Gobierno, ya que supone el control de una las infraestructuras estratégicas y la recaudación de millones de euros en concepto de impuestos y tasas. Sin renunciar a su anhelo de independencia, si en alguno de los remotos algún día lo lograsen, Cataluña tendría uno de los aeropuertos más potentes del sur de Europa, compitiendo directamente contra Barajas para las conexiones con África y sur América, que habría sido costeado por el Estado. Un negocio redondo para el independentismo.